La disputa de la escuela en casa

La disputa de la escuela en casa

11/01/2019

El 10-01-2019 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falla en contra de la libertad de los padres de educar en casa. Hablo con el periódico La Vanguardia para comentar la situación del homeschooling en España.

La Vanguardia se hace eco de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la libertad educativa. La versión digital podéis leerla en este enlace.

En la versión en papel, además, hay un faldón con el texto que reproduzco a continuación:

 

La ‘homeschooling’ como síntoma

El País Vasco, Cantabria y Andalucía aprueban decretos de protección

Por Sara Sans

La educación en casa no está regulada en España, por lo que no hay una cifra oficial de las familias que han optado por este sistema. Sin embargo, las asociaciones de homeschooling aseguran que el fenómeno crece y se da por sentado que son más de 2.000. “Cada vez hay más gente que quiere otro modelo educativo más relajado, sin tantos exámenes, sin tanto estrés…”, afirma la especialista Madalen Goiria, que ha publicado siete libros sobre el fenómeno. “Con la homeschooling muchas veces pasa como con el parto en casa, no es que la gente quiere especialmente tener a sus hijos en casa, es que no los quiere tener en el hospital”, mantiene Laura Mascaró, abogada, escritora, madre homeschooler y fundadora de la Plataforma para la Libertad Educativa. Mascaró mantiene que el fenómeno crece “por el fracaso del sistema educativo, porque mucha gente no encuentra el colegio que le gustaría, o no se lo puede pagar”.

La ley no regula la opción de la escolarización en casa, pero sí que prevé y penaliza, como en Alemania, Holanda o Suecia, el absentismo escolar. “Intentar cambiar la Lomce para que contemple la educación en casa es muy difícil, porque es una ley orgánica en la que hay que encontrar grandes consensos, tiene muchos frentes y aristas y el colectivo interesado es muy pequeño”, explica Mascaró. En lo que trabajan las asociaciones es en buscar otras formas –como cambiar el protocolo de absentismo o establecer nuevos protocolos con servicios sociales– para evitar que los expedientes acaben en los tribunales y el juez ordene la escolarización.

Así, el País Vasco aprobó en 2011 –el texto se revisó en el 2017– el decreto Balora, que distingue el absentismo escolar de la decisión familiar de asumir la educación de un hijo disponiendo para él de un proyecto educativo. Y en este último caso, los servicios sociales hacen un informe favorable, con lo que el fiscal puede archivar el expediente y el caso no llega a juicio. “Este decreto se inspiró en el plan de absentismo que estuvo vigente durante unos años en el área metropolitana de Barcelona, pero que se suspendió a finales del 2010 tras una sentencia del Tribunal Supremo”, añade Goiria. En enero del año pasado Cantabria aprobó su propio decreto, y hace unos meses hizo lo propio Andalucía. En Catalunya, la ley de Educació aprobada en el 2009 prevé una nueva modalidad educativa: la escolarización/educación obligatoria no presencial, sin embargo, todavía no se ha desarrollado su reglamento.

“Lo que impera es lo que llamamos ‘tolerancia administrativa’, en sede civil sólo ha habido medio docena de sentencias en los últimos diez años”, dice Mascaró. Mientras tanto, la escolarización en casa también se extiende entre los más pequeños. “La diferencia en los últimos años es cualitativa, cada vez surgen más proyectos educativos alternativos para niños de hasta seis años, y esto sí dispara las cifras”, añade Goiria.

 

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