Ni público ni privado

Ni público ni privado

23/11/2012

Vivimos en un estado social y democrático de derecho, según dice ese librito de papel mojado llamado Constitución Española. Eso significa, en teoría y entre otras cosas, que pagamos impuestos (no sólo por lo que ganamos sino también por lo que tenemos y por lo que hacemos) y que con esos impuestos se sufragan los gastos de diversos servicios que luego, irónicamente, se nos presentan como “gratuitos”. Y “públicos”, claro, porque supuestamente se paga con dinero “público”. Así, tenemos educación pública y gratuita, carreteras públicas y gratuitas, sanidad pública y gratuita, justicia pública y gratuita, etc. El gobierno de Zapatero estableció tasas y elevó las cuantías para recurrir judicialmente. Nadie puso el grito en el cielo, ni los abogados, ni los procuradores, ni los jueces, ni la “sociedad civil”. Claro que la caja de Pandora la había abierto anteriormente el gobierno de Aznar cuando estableció tasas judiciales para las empresas …

Vivimos en un estado social y
democrático de derecho, según dice ese librito de papel mojado llamado
Constitución Española. Eso significa, en teoría y entre otras cosas, que
pagamos impuestos (no sólo por lo que ganamos sino también por lo que tenemos y
por lo que hacemos) y que con esos impuestos se sufragan los gastos de diversos
servicios que luego, irónicamente, se nos presentan como “gratuitos”. Y
“públicos”, claro, porque supuestamente se paga con dinero “público”. Así,
tenemos educación pública y gratuita, carreteras públicas y gratuitas, sanidad
pública y gratuita, justicia pública y gratuita, etc.

El gobierno de Zapatero
estableció tasas y elevó las cuantías para recurrir judicialmente. Nadie puso
el grito en el cielo, ni los abogados, ni los procuradores, ni los jueces, ni
la “sociedad civil”. Claro que la caja de Pandora la había abierto
anteriormente el gobierno de Aznar cuando estableció tasas judiciales para las
empresas que facturaran un mínimo anual determinado. Pero como las empresas, ya
se sabe, son el origen de todos los males, nadie se quejó tampoco. Ni los
empresarios ni nadie.

Hemos llegado al punto en que
para usar algunas carreteras debemos pagar peajes, para comprar medicamentos
con receta debemos pagar un euro y ahora, además, entran en vigor las tasas
judiciales para acceder a la justicia. Ésta es la demostración palpable de que
el dinero que pagamos en concepto de impuestos no va adónde nos dijeron que
iría. Porque el problema no es que haya que pagar por determinados servicios,
lo cual sería lícito, sino que no pagamos en función del coste real de dichos
servicios. Un euro por cada receta, sea cuál sea el medicamento que adquirimos.
800 euros por una apelación, sea la que sea. Todo ello después de haber pagado
grandes cantidades de dinero en impuestos. El resultado es que, al final, los
servicios no son públicos pero tampoco privados; no sabemos cuánto cuestan
realmente las cosas que pagamos, no sabemos adónde va realmente el dinero que
nos confisca el Estado y, mientras tanto, las reformas realmente necesarias y
útiles siguen sin acometerse. Empeoran las cosas con cada nuevo parche
publicado en el BOE. Al que realmente no tiene ni para comer, poco le afecta la
subida del IVA, porque irá a comedores sociales o al contenedor de basura a
buscar su comida. Al que es rico, le puede molestar un poco, pero probablemente
se trate de cantidades insignificantes en proporción a lo que tiene disponible.
Lo mismo pasa con las tasas judiciales: el que tiene derecho a la llamada
justicia gratuita está exento de pagar las tasas. Y al que es rico, si la
cuantía del pleito es alta no le va a importunar mucho que le pongan una tasa
de 100, 200 u 800 euros, porque le valdrá la pena de todos modos. Como siempre,
quien paga los platos rotos es la llamada clase media. La gente normal, los
autónomos y los mileuristas que no tienen derecho a ayudas sociales pero que
tampoco puede contratar a un asesor fiscal que les ayude a eludir impuestos y a
los que, desde luego, no les va a compensar pagar 200 euros para reclamar una
deuda de 600 que tal vez no llegarán a cobrar ni aun habiendo ganado el juicio.
Y es que en España se nos ha roto la vajilla entera y nos está saliendo muy
caro reponerla. Nos hemos gastado medio millón de euros en una página web para
el Senado (más de 80 millones de pesetas). Más de cincuenta diputados aseguran
haber perdido el ipad que nosotros les hemos pagado, porque nos toman por
imbéciles, seamos sinceros.
Nos entretienen con la cuestión
independentista de Cataluña y la supuesta corrupción de Ciu, y nos instan a
odiar a Angela Merckel y a Bankia, que vienen a ser la madrastra de
Blancanieves en este cuento. Porque Zapatero y Rajoy sólo son dos buenos
hombres que casualmente pasaban por aquí.
¿Será cierto que cada pueblo
tiene a los gobernantes que merece?

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